Mar, 26/04/2016
Law360, Nueva York (14 de enero de 2016, 2:38 PM ET) -.
A finales del año pasado, la ciudad de Elizabeth (Nueva Jersey) se convirtió en la 22ª ciudad del país en aprobar una ley de baja por enfermedad remunerada. En los últimos tres años, estas ciudades -desde Seattle y Tacoma, en Washington, hasta Pittsburgh y Filadelfia-, junto con cuatro estados, se han unido a un movimiento cada vez mayor que empezó con Washington D.C. y San Francisco, para garantizar que los trabajadores de los sectores público y privado puedan obtener y utilizar el permiso por enfermedad retribuido para cuidar de sí mismos o de un familiar.
La actuación de los gobiernos locales y estatales y de los votantes ha impulsado en gran medida algunas medidas a nivel federal. En septiembre de 2015, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva por la que se exigía a todos los contratistas federales que permitieran a sus empleados acumular hasta siete días anuales de baja por enfermedad remunerada.
Sin embargo, el Congreso no ha actuado de forma similar para proteger los derechos de todos los trabajadores. En consecuencia, ante la inacción del Congreso, es probable que los ayuntamientos sigan liderando los esfuerzos para promulgar leyes de baja por enfermedad retribuida y otras leyes laborales, asumiendo la responsabilidad de hacer cumplir las nuevas protecciones y derechos de los trabajadores. Los esfuerzos del Ayuntamiento de Washington D.C. en 2008 y 2013 allanaron el camino para docenas de otras ciudades, incluso mediante el establecimiento de sanciones por incumplimiento que pueden ayudar a incentivar a los empleadores recalcitrantes a cumplir con la ley. Hoy, el Distrito de Columbia puede reivindicar de nuevo el mérito de haber tomado medidas tempranas y que sientan precedente para impulsar la baja por enfermedad retribuida, esta vez tomada por los empleados en ausencia de una supervisión gubernamental adecuada.
Las leyes no significan nada para los trabajadores y los consumidores si no se hacen cumplir. En el caso de D.C., las leyes que regulan la baja por enfermedad remunerada son estrictas, pero la triste realidad es que no se aplican. A nuestros clientes -trabajadores de atención domiciliaria que prestan servicios esenciales a miles de ancianos y personas con discapacidad en D.C.- se les ha denegado su derecho a obtener y utilizar la baja por enfermedad retribuida, en violación de la ley.