mié, 11/04/2020
El 22 de octubre de 2020, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, promulgó la Ley Pública 238, que establece nuevas protecciones importantes para los trabajadores que se enfrentan al COVID-19. La ley se aplica a los empleados de los sectores público y privado, pero no se aplica a los primeros intervinientes, los trabajadores sanitarios y otros empleados específicos.
La ley tiene dos características fundamentales: En primer lugar, prohíbe a un empleado presentarse a trabajar si él mismo, o alguien con quien ha estado en estrecho contacto, da positivo en las pruebas de COVID-19 o presenta los principales síntomas de COVID-19. Para poder presentarse a trabajar, el empleado debe cumplir determinadas condiciones específicas.
Si un empleado da positivo o presenta síntomas, no puede presentarse a trabajar hasta que se cumplan tres condiciones: (1) si el empleado tiene fiebre, que hayan transcurrido 24 horas desde que la fiebre cesó sin el uso de medicamentos antifebriles; (2) que hayan transcurrido 10 días desde la fecha en que aparecieron los síntomas por primera vez, o la fecha en que el empleado recibió un resultado positivo, la que sea posterior; y (3) que los síntomas del empleado hayan mejorado.
Si una persona con la que un empleado ha tenido un contacto estrecho da positivo o presenta síntomas, el empleado no puede presentarse a trabajar hasta que se cumpla una de estas dos condiciones (1) que hayan pasado 14 días desde la última vez que el empleado tuvo contacto estrecho con la persona; o (2) que la persona reciba una determinación médica de que no tenía COVID-19 en el momento del contacto estrecho con el empleado.
La segunda característica clave de la ley es que prohíbe a los empleadores despedir, disciplinar o tomar cualquier otro tipo de represalia contra un empleado que cumpla el requisito de permanecer en casa, se oponga a una infracción de la ley o denuncie infracciones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Un empleado perjudicado por una infracción de la ley puede demandar al empleador por daños y perjuicios o medidas cautelares. Un empleado agraviado por la violación de la ley por parte de un empleador puede presentar una demanda por daños y perjuicios o una medida cautelar. Si un empleado se impone en una acción legal, el tribunal está obligado a conceder una indemnización por daños y perjuicios de al menos 5.000 dólares. La ley es retroactiva al 1 de marzo de 2020, por lo que los empleados pueden demandar a los empresarios por infracciones anteriores.
Para más recursos sobre los derechos de los empleados relacionados con COVID-19, por favor lea nuestra Información sobre Coronavirus. Si usted es un empleado que se enfrenta a COVID-19, y cree que sus derechos pueden haber sido violados, por favor póngase en contacto con nosotros.
