vie, 05/08/2020
La Commonwealth de Virginia ha promulgado 22 nuevas leyes en favor de los trabajadores. Entre ellas figuran el aumento progresivo del salario mínimo de Virginia (de 7,25 a 12 dólares), la posibilidad de interponer una demanda por impago de salarios y la ampliación de las protecciones a los empleados clasificados erróneamente como contratistas independientes.
Aumentos del salario mínimo
El aumento del salario mínimo previsto inicialmente para el 1 de enero de 2021 se retrasará hasta el 1 de mayo de 2021, debido a una enmienda propuesta por el Gobernador en respuesta a la pandemia de COVID-19 y su impacto en las empresas. Al aumento inicial le seguirán aumentos a 11,00 dólares por hora el 1 de enero de 2022 y a 12,00 dólares por hora el 1 de enero de 2023. La legislación también proporciona una vía para que el salario mínimo aumente a 15,00 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2026; sin embargo, para que eso ocurra, la Asamblea General tendría que volver a promulgar la legislación antes del 1 de julio de 2024.
Creación de derechos de acción privada frente al empresario que no paga el salario íntegro
Otra nueva ley de Virginia permite a los empleados recuperar los salarios retenidos ilegalmente por sus empleadores (con un ocho por ciento de intereses) y, cuando un empleador "a sabiendas" no paga la totalidad de los salarios, permite a los trabajadores afectados cobrar el triple del importe de los salarios impagados más los honorarios y gastos razonables de los abogados.
Esta ley permite a los trabajadores presentar demandas por impago de salarios íntegros sin soportar la carga de los gastos legales asociados a la recuperación de los salarios que se les adeudan (suponiendo que gane o llegue a un acuerdo).
El Gobernador firmó una ley que permite a los empleados demandar a la empresa por incumplimiento de la Ley de Normas Laborales Justas. Si el tribunal llega a la conclusión de que el impago de los salarios por parte del empleador fue "deliberado", deberá conceder una indemnización por daños y perjuicios, así como los honorarios y costas razonables de los abogados. Si el tribunal concluye que el impago de los salarios por parte del empleador fue "intencionado y con la intención de defraudar al empleado", el tribunal debe conceder al empleado el triple del importe de los salarios impagados y los honorarios y costas de sus abogados. La ley también incluye disposiciones específicas para el sector de la construcción sobre el impago del salario íntegro.
Ambas leyes relativas al impago del salario íntegro entran en vigor el 1 de julio de 2020.
Otras nuevas leyes de Virginia relacionadas con el impago íntegro de los salarios por parte de los empresarios aumentan las competencias del Departamento de Trabajo e Industria de Virginia para investigar dichas denuncias y proteger de represalias a los trabajadores que denuncien el impago de salarios o presenten reclamaciones relacionadas con dicho impago.
Limitar la clasificación errónea de los trabajadores
Por último, Virginia cuenta ahora con varias leyes nuevas para abordar la clasificación errónea de los trabajadores, después de que un informe de la Comisión de 2012 descubriera que alrededor de 214.000 virginianos fueron clasificados erróneamente como contratistas independientes en lugar de empleados.
Según el informe, los trabajadores clasificados erróneamente como contratistas independientes pierden protecciones fundamentales, como el acceso a indemnizaciones por accidentes laborales y prestaciones por desempleo, la cobertura de las leyes sobre salarios y horas de trabajo, las leyes sobre permisos familiares y médicos, las leyes sobre discriminación en el lugar de trabajo y las leyes sobre seguridad y salud en el trabajo. Los contratistas independientes tampoco suelen recibir seguro médico ni prestaciones de jubilación.
Las nuevas leyes 1) autorizan al Departamento de Hacienda de Virginia a supervisar las investigaciones sobre presunta clasificación errónea de trabajadores, 2) crean una causa de acción privada para que los trabajadores clasificados erróneamente reclamen daños y perjuicios, 3) protegen de represalias a los trabajadores que denuncien una clasificación errónea y 4) crean un requisito específico para que los contratistas clasifiquen correctamente a sus empleados.
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